Crisis en Canarias

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Una de cada siete viviendas está vacía en Canarias, o el último reducto de la burbuja monetaria

Posted by juanjesus en diciembre 3, 2007

El “derecho a techo” ha sido víctima, en los últimos años, del incremento de la masa monetaria especulativa refugiada en la burbuja inmobiliaria. Ha sido el último escondite para un volumen de dinero que no tiene plasmación real en la economía diaria, por lo que era inevitable la paralización y ajuste de su precio más o menos brusco, como ya está ocurriendo en muchas zonas, y con tendencia creciente. ¿regulará este fenómeno el mercado canario en el que Una de cada siete viviendas en Canarias está vacía (La Provincia). ¿Y el empleo?  Este ajuste coincide con las subidas del conjunto de las materias primas, energéticas (en septiembre de 2003, el precio del petróleo rondaba los 25 dólares, y en noviembre de 2007, los 90), alimentarias EL PAÍS: Las carnes concentrarán las próximas subidas de precios), metales (el precio del hierro sube en casi un 80% desde el año 2004), y el conjunto de los productos industriales, así como del transporte en general (La provincia: incremento de los fletes en un 18% en diciembre). Las subidas de precios se corresponden con factores estructurales, no coyunturales. La especulación propia de estos momentos es consecuencia, y no causa del fenómeno, aunque aquélla también actúe en momentos de ajuste de la oferta a la demanda.El problema principal es que el crecimiento mundial está viéndose constreñido por los límites del crecimiento de la producción mundial en los bienes esenciales. Estos límites son, en buena medida, límites físicos definitivos, o bien relativos en relación con la población, esto es, que cada año se produce menos por persona. Así, la producción de grano por persona, en El Mundo, ya registró un cenit hace cerca de dos décadas, y la de producción energética por persona hace algo más de una década. El crecimiento de la producción no puede ya, por tanto, seguir al crecimiento poblacional. Esta tendencia se agudizará mientras se mantengan las tendencias de crecimiento creciente de recursos, por un lado, y el crecimiento de la población mundial por otro. Así, cada vez más la población de los países destinará su dinero a los bienes esenciales (como ocurrió durante toda la Historia), y menos a otros sectores (el “ocio” en forma de turismo, por ejemplo, será una víctima de esa tendencia). En ese escenario, la “inversión” en vivienda se situó como el corolario de la confianza en el crecimiento en el futuro. Se “invertía” en la burbuja, porque se confiaba en un incremento constante de los precios y en que existiría la “economía” suficientemente abundante para que un bien como la vivienda se siguiera multiplicando de precio. La “corrección” dura del precio de la vivienda vendrá, más allá del actual “aterrizaje suave”, con la pérdida de confianza de que se puede mantener el crecimiento, lo que se constata con el incremento del desempleo, poder de endeudarse, etc. y con la dedicación creciente de esfuerzo monetario a los restantes bienes. La vivienda seguirá teniendo valor especulativo, pero la creciente insolvencia dejaría paso a un “ajuste” que llevaría a aquélla a un precio más real.   En Canarias, como en otros espacios de alta densidad poblacional, la presión sobre el territorio es enorme, y el fenómeno de “estallido” de la burbuja tiene otras connotaciones. Sin embargo, la debilidad y extrema dependencia de las islas la hacen igualmente vulnerables a este cambio histórico hacia el declive del petróleo. En la medida en que tenga lugar el declive del recurso energético que sostiene las islas (125.000 barriles de petróleo al día), y los precios de los bienes básicos continúen su ascenso, la corrección llevará a situaciones económicas que exigirán reconducir esfuerzos familiares hacia segmentos del presupuesto familiar más “esenciales”.  En ese contexto, la vivienda será un recurso que, al tiempo que es esencial, vendrá a ser objeto devaluado, frente a la necesidad de financiar otros gastos. El impacto de este hecho es enorme sobre una economía que depende en buena medida de los diferentes subsectores que se han alimentado de ese “boom” constructor. Ante el escenario de incertidumbre, la parálisis del sector traerá enormes problemas al conjunto de la economía de las islas. Estamos en un momento de transición hacia una economía de mayor escasez, en el que se intentará, mediante programas públicos y otras medidas, apuntalar el crecimiento. Sin embargo, la no adaptación a los límites de los recursos naturales (que se manifestarán en forma de subida de los precios de los bienes de consumo), en forma de “huida hacia delante”, podrá tener consecuencias de mayor ajuste.  ¿Cómo reaccionará el mercado del alquiler o disposición de vivienda? Al fenómeno de especulación actual se sumará el de escasez de disposición para pagar las mensualidades de hipotecas o alquileres. Igualmente el fenómeno del deterioro del parque existente, o la gran ralentización en la construcción de nuevos inmuebles. Probablemente este fenómeno abra la espita al mercado del alquiler, de la vivienda compartida por familias, del régimen de habitación y otros fenómenos antes habituales, y que se prodigan en otras zonas del mundo como fórmulas normales de alojamiento, o en Canarias entre la población más pobre (por ejemplo, hacinamiento de inmigrantes). Las variables son muy diversas: tasa de emigración fuera de Canarias, o de no incorporación de la población en la cantidad prevista; declive del turismo; evolución geopolítica internacional; etc, etc. La diferencia con otros procesos de crisis es que ésta tiene carácter de “estructural” porque la base económica de las sociedades – la energía – será cada vez más cara y escasa.  La regulación legal del mercado de vivienda será, probablemente, superada – como ya de hecho lo es – por la realidad, y la “oferta de suelo” será prescindible, ante la contracción de la demanda con una economía con rápido agotamiento. El escenario preocupante indica que el problema de la vivienda se “solventará” con un ajuste de “habitación” a medio plazo (mayor hacinamiento), y un ritmo menor – o incluso decrecimiento – de la población que se quiere incorporar a las islas. La reversión del proceso de inmigración laboral será también determinante.  Canarias ha vivido en las últimas cuatro décadas la mayor transformación física de su Historia. Esta aceleración está culminando, y el ajuste es inevitable. Sería deseable recomponer las bases de una economía de austeridad, solidaridad y de amplia participación social que entendiera los límites del modelo de crecimiento y sus repercusiones sobre las islas. Para ello, la discusión pública es esencial. Evitar los debates sobre el cenit y declive del petróleo únicamente agrava los problemas inmediatos a los que se enfrentará el archipiélago en este próximo periodo histórico.  La Provincia: Una de cada siete viviendas en Canarias está vacía  Las Islas son la séptima región con más viviendas desocupadas  IDEAPRESS – LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. Una de cada siete viviendas en Canarias está vacía, lo que coloca a las Islas en la séptima posición a nivel nacional con más viviendas desocupadas, según afirma un artículo de la última edición de la revista ‘Índice’ del Instituto Nacional de Estadística (INE) dedicada en exclusiva al turismo y al suelo residencial.

El Archipiélago tiene 851.463 viviendas, lo que coloca a las Islas en la novena posición a nivel estatal, puesto que también repiten en el número de viviendas principales con una cifra de 552.351, pero descienden hasta la octava posición en lo que se refiere a su número de 120.331 viviendas secundarias.

Sin embargo, Canarias asciende hasta la séptima posición en lo que se refiere a viviendas vacías con la citada cifra de 138.892 que es sólo superada por Andalucía (548.699), Castilla-La Mancha (452.921), Cataluña (444.823), Madrid (306.556), Galicia (229.360) y Castilla y León (209.006). El País: Un dictamen alerta de que el alquiler forzoso de pisos es inconstitucionalVarapalo del Consejo Consultivo de la Generalitat a la ley catalana de vivienda PERE RÍOS – Barcelona – 03/12/2007 Revolcón jurídico al Gobierno de José Montilla. El Consejo Consultivo de la Generalitat considera que es inconstitucional el artículo del proyecto de Ley para el Derecho a la Vivienda que prevé el alquiler forzoso de pisos vacíos. El dictamen jurídico que contiene ese pronunciamiento será entregado esta tarde a la Mesa del Parlamento catalán, que fue quien lo reclamó, a propuesta de CiU y PP.El informe recoge los votos particulares de varios consejeros a favor de la constitucionalidad del artículo 42.6 del proyecto de ley, que desde su tramitación ha enfrentado a CiU y PP con las tres formaciones de la izquierda (PSC, ERC e ICV) que integran el Gobierno catalán. Tal era la oposición de convergentes y populares que invocaron ese artículo para desmarcarse del Pacto Nacional por la Vivienda que de manera solemne firmó el pasado 8 de octubre el Gobierno catalán con 34 agentes sociales. Se trata de un acuerdo sin precedentes en Cataluña que prevé, entre otras medidas, la construcción de 160.000 viviendas sociales en diez años.El varapalo jurídico entraña otros matices. Y es que Montilla apostó al inicio de la tramitación del proyecto de ley por eliminar ese polémico artículo para atraer a CiU y al PP y lograr así que fuese unánime el consenso sobre el Pacto Nacional por la Vivienda. Además de eso, los asesores jurídicos de Presidencia ya alertaron sobre la probable inconstitucionalidad del precepto en cuestión.Pero la postura del presidente de la Generalitat topó con la resistencia de los ecosocialistas de ICV, en cuyas manos está la cartera de Medio Ambiente y Vivienda. Y, sobre todo, con la rotunda oposición de Comisiones Obreras. El sindicato se negaba a firmar el pacto si se eliminaba el artículo de marras. Sólo aceptó suavizarlo, introduciendo más cautelas.Al final, Montilla optó por no desprenderse de CC OO. “El problema de integrar a los que quedan fuera, ya lo resolverá el Consultivo”, confió el presidente a sus colaboradores. Es el escenario que se abre ahora y que con toda probabilidad tendrá plasmación en la recta final de la tramitación parlamentaria del proyecto de ley.El artículo que el Consultivo considera inconstitucional prevé que la Administración, agotadas todas las vías para el fomento del alquiler de pisos, “podrá acordar el alquiler forzoso de la vivienda previa la declaración de incumplimiento de la función social de la propiedad”. El proyecto de ley matiza que esa medida se aplicará únicamente en las zonas donde haya una fuerte y acreditada demanda residencial, pero también advierte de que a los dos años de la declaración del expediente se puede proceder a la expropiación del usufructo de la vivienda para alquilarla a terceros durante un máximo de cinco años.El dictamen del Consultivo considera que la función social de la propiedad que recoge la Constitución no justifica la expropiación de pisos vacíos para ser alquilados por la Administración y que con esa medida se vulnera el derecho a la propiedad que también recoge la Ley Fundamental. El Departamento de Medio Ambiente y Vivienda de la Generalitat ha invocado precisamente la función social de la propiedad para defender la expropiación forzosa de los pisos. También ha justificado la medida a partir de la sentencia que dictó en 1987 el Tribunal Constitucional avalando la ley andaluza de reforma agraria que cuestionaron 53 senadores de Alianza Popular.Con la excepción de ese artículo, el dictamen que hoy entregará el Consejo Consultivo avala por amplia mayoría la constitucionalidad del resto de artículos del proyecto que cuestionaron CiU y PP. Entre ellos, que se destine a vivienda social el 20% de los pisos nuevos en suelo urbano que se construyan en Cataluña, la responsabilidad en el mantenimiento de una vivienda por parte del propietario o el sistema de adjudicación de pisos sociales.Los dictámenes que emite el Consejo Consultivo de la Generalitat no son vinculantes, pero en la mayoría de las ocasiones han sido tenidos en cuenta por el Parlamento y el Gobierno catalán a la hora de elaborar una ley. Uno de los informes que más repercusión ha tenido fue el que emitió ese organismo durante la elaboración del Estatuto de Autonomía. Todas aquellas objeciones se incorporaron al texto en la tramitación parlamentaria. El Consejo Consultivo está formado por siete juristas. Dos de ellos son elegidos por el Gobierno catalán y los otros cinco por el Parlamento autonómico, a propuesta de los partidos y en proporción a su representatividad en la Cámara.   

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